HASTA LAS NARICES!!!

NO es una conspiración de jueces y policías encaminada a que la Justicia no sea igual para todos, pero a veces lo consiguen. Objetivamente. El caso Farruquito, El bailador, icono precoz del arte flamenco, conducía un coche de lujo al doble de la velocidad permitida, se saltó un semáforo en rojo, atropelló a un peatón, que luego murió, paró un momento y, asustado, se dio a la fuga. Tramó con otros imputados o, al menos, consintió que su hermano menor de edad se autoinculpara para eludir él la cárcel y, con ella, perder el medio de sustento de su familia, que es él mismo, su arte con los pies y las manos, con todo el cuerpo.

Hasta ahí los hechos. No opinables: los declara probados la sentencia de la juez que lo enjuició. Pero la verdad judicial se construye también con alegatos de los abogados y con procedimientos estrictamente legales. Por ejemplo, el que obliga a que las escuchas telefónicas sean autorizadas en todo momento por el juez y se atengan a los objetivos que el juez autorizó.

No se hizo así. La Policía –Brigada de Régimen Interno– investigaba un caso de tráfico de drogas en el que estaba implicado, presuntamente, un agente malagueño. Un pinchazo permitió conocer la existencia de la trama organizada para que Farruquito escapase de la acción de la Justicia responsabilizando a su hermano del accidente. Los investigadores debieron, entonces, remitir los indicios al juez instructor del caso Farruquito. No lo hicieron.

La Policía hizo mal su trabajo, sencillamente. Como si no hubiera averiguado nada de la operación de enmascaramiento protagonizada por el inculpado. La jurisprudencia es abundante al respecto. Es lo que se denomina el principio de “la fruta del árbol envenado”. Se considera una prueba nula, si ésta no se ha obtenido respetando las garantías constitucionales. Y si es un derecho, la privacidad de las comunicaciones salvo que un juez con las debidas precauciones y control, no decrete la escucha… se acabó lo que se daba. Por éste fiasco, digno de un principiante, ha llevado ahora a la exoneración de las cinco personas que estaban imputados junto a Farruquito y a éste, por añadidura, le ha supuesto penas mínimas: ocho meses de prisión por imprudencia grave y otros ocho meses por omisión del deber de socorro. No irá a la cárcel por falta de antecedentes.

La simulación de delito ha desaparecido por la inconstitucionalidad de las escuchas. Le aplican la atenuante de confesión, que sólo hizo seis meses después realmente (pero en el momento de su detención, puesto que las averiguaciones derivadas de las escuchas no sirven). También se beneficia de la atenuante de reparación del daño, gracias a que su defensa, solicitó por escrito, antes de la vista oral, que la fianza que tuvo que depositar para eludir la prisión provisional, se utilizara para indemnizar a la viuda y los padres de la víctima. Por lo cual, si ha habido confesión y reparación del daño por parte del reo, se atenúa la pena en dos grados. Así de sencillo. Vamos, su defensa ha estado ahí muy hábil, utilizando el “comodín de la fianza” en previsión de la futura condena, pues ya partía con el elemento de la ilegalidad de las escuchas, que sería considerada prueba nula

Así acaba esta historia desdichada, aunque la viuda recurrirá y la Fiscalía lo está pensando: dieciséis meses de prisión, cuatro años sin carné de conducir e indemnizaciones por importe de 110.000 euros. ¿Eso es lo que vale una vida humana, al parecer, para la Justicia española? Al menos con estos protagonistas, al menos con estas circunstancias procedimentales que hacen que la verdad de los hechos probados quede matizada –desvirtuada, pensarán algunos– antes de convertirse en sentencia.

Independientemente del caso Farruquito, ahora ha nacido una corriente de opinión creciente, entre juristas, víctimas y sectores sociales, planteando la necesidad de tipificar con más severidad los delitos relacionados con el tráfico. No es exagerado concluir que existe benignidad en su tratamiento. Resulta paradójico, que la Dirección General de Tráfico intensifique sus campañas de prevención con anuncios impactantes, venga amenazando como un matón de barrio bajero, que se va a liar la manta a la cabeza a quitar “carnes” y aumente las sanciones administrativas, mientras que el Código Penal castiga tan levemente imprudencias al volante, como si de una falta se tratase por una colisión simple, que se saldan con resultados de paraplejias y muerte. Igual que los legisladores habrán de acometer reformas en la Ley del Menor, que se ha demostrado muy atenta a la rehabilitación de los agresores y poco a los derechos de sus víctimas, la actual represión a los conductores negligentes, temerarios e invícivos, que ya ha sido aceptada por la sociedad, deberá tener también su reflejo en la consideración penal de sus acciones.

La idea de que Farruquito fuera juzgado con mayor rigor que un ciudadano normal, era lo único que esperaba. No porque fuera quien fuese, sino porque los hechos probados, son de la suficiente gravedad y alarma, como para pasarlos por alto. No menos que la sensación que deja esta sentencia: la Justicia no vela lo suficiente por las personas humildes.

Muchas veces lo digo: si es responsable, que lo condenen bien, pero, por supuesto, todo acusado tiene unos derechos. Ahora bien, la cuestión es si se sopesan adecuadamente, los hechos con las consecuencias, por parte de los jueces. Ahí esta el “kit” de todo el meollo.